Gobierno pide investigar la presencia de cárteles de Colombia y México en Bolivia

Por ines - Mar ago 14, 9:58 am

 

 Ministerio de la Presidencia remitió a la Fiscalía documentos de Inteligencia para que indague la presunta actividad de cárteles colombianos y mexicanos que tendrían vínculos directos con personas particulares y policías de Santa Cruz. De inicio, la investigación implica a seis personas.

La documentación fue puesta a conocimiento de la Fiscalía el 30 de mayo, para que determine la apertura del caso. Evaluados los datos, se informó a la Fiscalía de Distrito que hay antecedentes de que los hechos que se denuncian están relacionados con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE), Interpol, Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de particulares. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que dará mayores detalles en las próximas horas.

El caso pasó a manos del fiscal Marco Rodríguez, quien informó a La Razón que inicialmente los denunciados son Hugo Suárez, Victor Jorge Pacheco Franco, Rubén Suárez, Carlos Tapia, Julio Navia y otros funcionarios que pertenecen a la Policía Boliviana y a otras instituciones que tendrían vínculos con los cárteles internacionales dedicados al tráfico ilícito de sustancias controladas.

Investigación. La Fiscalía abrió de oficio el caso 120/7397 el 3 de agosto del año en curso. Las citadas personas serán investigadas por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias y otros.

“El caso se abrió en razón a que el Ministerio de la Presidencia ha puesto en conocimiento una serie de documentación que hace referencia a la presunta actividad ilícita que se desarrolla por parte de los cárteles colombianos e internacionales que tienen vinculación directa con funcionarios del Estado Plurinacional, concretamente con funcionarios policiales del departamento de Santa Cruz”, señaló el fiscal Rodríguez.

En ese marco, dijo que ya se dio inicio a las investigaciones y se prevé convocar a todas las personas que se hallan involucradas y, de acuerdo con la depuración de su participación, se emitirán las resoluciones jurisdiccionales que correspondan para la aplicación de medidas cautelares.

El fiscal precisó que se tiene conocimiento de que a partir de septiembre de 2011 y mayo de 2012 se ha obtenido información por parte del Ministerio de la Presidencia respecto a estas actividades irregularidades y la vinculación de algunos funcionarios del Estado con los citados cárteles.

Los primeros días de septiembre de 2011, un reportaje de Univisión informó que días antes de ser detenido el general (r) René Sanabria en Panamá, por tráfico de drogas, el Ministerio de Gobierno recibió datos sobre presuntos vínculos del narcotráfico con el excomandante de la Policía, general Óscar Nina, que negó el caso.

Univisión citó supuestos informes de Inteligencia que indicarían que el excomandante tuvo nexos con el crimen mientras fue director de la FELCN y hablaba incluso de la presencia del narco Chapo Guzmán (de México) y su hijo en territorio boliviano.

El 20 de octubre de 2011, La Razón publicó la versión de la DEA sobre la presencia de cárteles mexicanos y colombianos en el país, dato que el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, descartó con base en informes de Inteligencia.

La presencia de cárteles del narcotráfico se viene investigando por parte de la FELCN y en reiteradas oportunidades funcionarios de Gobierno negaron la posibilidad de que éstos estén operando en nuestro país. Lo que hará la Fiscalía será indagar cuál es la vinculación de funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones probablemente hayan cooperado, ayudado o tenido vínculos directos con estos cárteles, de acuerdo con el fiscal asignado.

Detalles sobre los acusados

Clanes

Según la denuncia, habría nexos entre cárteles internacionales y el “clan Navia”, liderado por el exoficial de la FELCN René Navia y su padre, Julio Navia. Ambos se encuentran con detención preventiva junto a otras 13 personas de su organización.

Oficiales

Sobre el coronel Félix Molina, que también se halla en la lista de investigados, se sabe que fue comandante de la FELCN antes del actual, del Cnel. Gonzalo Quezada.

Empresario

El propietario del hotel Radisson, Víctor Jorge Pacheco, también aparece como investigado en el presente caso.

Implican a empresarios y efectivos

El Informe remitido a la Fiscalía de Distrito de La Paz por la fiscal de materia Esther Cuéllar Muller señala que se tiene antecedentes que relacionan a cinco unidades de la Policía de Santa Cruz con cárteles colombianos y de otras nacionalidades que operarían en esa capital.

El documento que fue recepcionado por la fiscal de Distrito Betty Yañíquez también señala, por ejemplo, que “el Cnel. Hugo Suárez, que es retirado de la Fuerza Aérea (Boliviana) habría conseguido financiamiento para Cata y Helitel, y tiene un restaurante (…) ‘fachada’ para generar reuniones y recibir informaciones para Mossad, hombre de confianza del general (Edwin) Marañón, el cual fue viceministro de Transporte y también se dice que tiene control de AASANA”.

También se hace referencia a que se acercaron a un anterior fiscal de Distrito de La Paz y le ofrecieron hacerle Fiscal General. Los documentos proporcionados por el Ministerio de la Presidencia, además, sostienen que el equipo de Mossad recibiría “cobertura” del empresario hotelero Víctor Jorge Pacheco Franco, y que “Helitel, que es una empresa de repuestos para aviones y helicópteros, está ubicada también en un hotel (…) desde donde operan estas personas”.

Entre otros aspectos, el informe señala que la actividad de estos grupos se desarrolla en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde, según la fiscal Cuéllar, el 10 de junio de 2010 una persona identificada como Robin Justiniano habría sido detenida por narcotráfico y salió libre luego de una llamada al jefe departamental antinarcóticos de ese entonces, quien a su vez habría llamado al director nacional de la FELCN para que disponga su libertad./La Razón