Denuncian que Gobierno evita concluir caso Rózsa

Denuncian que Gobierno evita concluir caso Rózsa

Dilatado. El hecho se suscitó el 15 de abril de 2009. Hasta hoy solo hay 39 imputados, ninguno con sentencia.

Domingo,  26 de Agosto, 2012

 

 Ref. Fotografia: Acusados. La justicia formalizó la acusación en diciembre de 2010 para las 39 personas por el caso terrorismo y Rózsa.

El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos", dice un verso de la canción de Silvio Rodríguez. Esta realidad parecen vivir las 39 personas acusadas por el caso terrorismo I, cuyo proceso judicial iniciado por el fiscal Marcelo Soza no llega a su conclusión hasta ahora por presiones constantes del Gobierno, denunció Gary Prado, abogado de uno de los imputados por el bullado e irresuelto caso Rózsa del 2009.

"Luego de la audiencia conclusiva de noviembre de 2011, donde el juez resolvió enjuiciar a mi padre y otras 38 personas, los abogados hemos pedido una apelación, cuya audiencia hasta ahora no se realiza. Al contrario, el Gobierno mediante presiones busca violentar el debido proceso sin que podamos fundamentar nuestra apelación", señaló.

Argumentó que el Gobierno dilata el tema, sin tener interés alguno por el "debido proceso", y al contrario optando por el manejo político y presión al sistema judicial de este tema.

Para contextualizar. En noviembre del 2011, un juez aprobó la acusación y resolvió remitir a juicio a las 39 personas supuestamente involucradas por delitos de terrorismo, alzamiento armado, secesión y magnicidio, según una disposición del Tribunal Séptimo de Sentencia de La Paz. La misma era apelable.

Desde noviembre de 2011 hasta mayo de este año no se había llevado a efecto la audiencia de apelación, la misma que se debió realizar en una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz.

A partir del 22 de junio de este año, el recurso jurídico se radicó en la sala penal primera de La Paz. "Sin que hubieran citado a todos se instaló una audiencia, pero ahí representamos que no habíamos sido notificados. Entonces el presidente y el vocal de la sala decidieron suspender esa audiencia y volver a instalar otra debidamente notificada", informó Prado.

De esa fecha hasta hoy no ha existido ninguna notificación para otra audiencia, aunque un juez adelantó que sería dentro de una semana. “El 31 de agosto, a las 14:30, en La Paz se tendría que proceder al sorteo de 12 jueces ciudadanos del padrón que cursa en ese juzgado, de los 12 se elegirá a tres jueces ciudadanos que tendrían que conformar el Tribunal de Sentencia que se haga cargo del presente proceso”, señaló Sixto Fernández, juez técnico del Tribunal 1°, a los medios en La Paz.

"Sin embargo, fuentes amigas del Poder Judicial paceño nos informaron que la sala estaba recibiendo presiones del Gobierno para resolver sin audiencia. Eso solo puede ocurrir cuando ninguna de las partes ha pedido ser oído en audiencia", denunció Prado.

Otro memorial. Para evitar esta situación, la defensa de los acusados logró parar con la sustanciación de la audiencia. "Mediante un memorial hemos pedido que transfieran el caso hacia otra Sala (a la Penal II), ya que ellos (Tribunal Séptimo de Sentencia) han perdido competencia", señaló. Dicho pedido apunta a que la Sala Penal Segunda, sea la que vea el caso. "Hemos logrado evitar que se vulnere nuestro derecho a la apelación y la presión del Gobierno", apuntó. 

Prado señaló que hay un juego sucio de parte del Gobierno que bajo presión evita el "debido proceso". Los abogados dicen que el caso ha superado los tres años, y el mismo Gobierno se encarga de prolongarlo. Los familiares de los acusados han reiterado en varias ocasiones que su objetivo es demostrar su inocencia y por eso exigen que se concluya de una vez el proceso.