Prevén fracaso de querella a medios

Por Redacción Central | - Los Tiempos - 26/08/2012

 

 Los tres medios de comunicación que fueron denunciados por el Gobierno. - Apg Agencia

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Salame, dijo ayer que  el Ministerio Público debe rechazar el proceso penal iniciado contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario.

Explicó que aun si se ha cometido un delito, se debe ir a un juicio de imprenta.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no corresponde la vía del tribunal de Imprenta porque el caso “no emerge de una opinión”.

El Ministerio de la Presidencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Paz el pasado 21 de agosto, en contra de los tres medios de comunicación por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales.

En la querella argumentan que las publicaciones de los tres medios de comunicación “generan un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”.

Salame dijo que este caso es un “precedente funesto” para lo que es el oficio de los medios de comunicación que atenta contra la libertad de expresión porque “un medio no genera la noticia, en realidad emanó del discurso del Presidente. Lo que hizo fue sistematizarla con las palabras del Presidente”.

Indicó que si los medios de comunicación hubieran cometido un delito, la denuncia tendría que ser presentada ante un Tribunal de Imprenta y no ante el Ministerio Público y menos presentar una querella penal.

“No sé si la denuncia ha sido tramitada, pero supongo que el Ministerio Público va a rechazarla porque está fuera de lugar, no tiene ni pies ni cabeza”, indicó Salame.

Romero aseguró que el proceso iba a continuar “porque se ha presentado una denuncia para que el Ministerio Público haga una investigación. Si ellos (medios de comunicación) dicen que no tienen nada que ocultar deben estar felices porque van a demostrar que el Gobierno les está calumniando”.

El pasado viernes, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, explicó que la demanda fue presentada ante el Ministerio Público al amparo del Código Penal, Artículo 281, que establece una sanción de privación de libertad de uno a cinco años.

Después de hacer oficial la noticia, varias instancias y organizaciones que representan a los medios de comunicación en Bolivia se pronunciaron en contra de la medida asumida por el Gobierno afirmando que es una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo que desarrollan los periodistas.

El Gobierno pretende “intimidar” a la prensa

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, afirmó que el Gobierno de Evo Morales pretende “intimidar” el trabajo de la prensa y “coartar la libertad de expresión” de la población con el anuncio de procesos judiciales a tres medios.

Herrera dijo que los argumentos expuestos por el Gobierno para el inicio de la denuncia carecen de fundamento y se constituirían en un negativo antecedente para la libertad de información a la que la población debe acceder.

“Mientras no se sustenten, de manera transparente y clara, las demandas que se están planteando, uno puede considerar que se está intimidando y atentando contra la libertad de expresión (…) La ciudadanía requiere voces diversas, no una sola línea”, dijo.