COD suma rechazo a la ley de bienes

Por Jenny Cartagena T. - Los Tiempos - 4/11/2012

 

 Gremialistas, transportistas y sectores afiliados a la COD concentrados en la plaza 14 de Septiembre, rechazan al proyecto de ley de Extinción de Dominio, el martes pasado. - José Rocha Los Tiempos

 La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba determinó ayer adoptar medidas de presión más radicales a partir de la próxima semana, si el Gobierno y el Legislativo no anulan y dejan sin efecto la aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado.  De  esta manera, los trabajdores se suman al rechazo junto a transportistas federados y gremialistas.

“No se va aceptar sólo ajustar o cambiar el proyecto, sino se va a exigir que se anule en su totalidad”, informó ayer el secretario ejecutivo de la COD, Luis Villarroel, a la conclusión de una reunión conjunta de los tres sectores. Los gremialistas que tienen previsto un ampliado nacional el martes en Santa Cruz anticiparon similar posición, su rechazo a la totalidad del proyecto de ley y la radicalización de las medidas de presión hasta conseguir la anulación de la normativa ya aprobada en grande por la Cámara de Diputados.

Pese a estas posiciones, ayer el vicepresidente Álvaro García Linera abrió la posibilidad de realizar cambios al proyecto, dijo que se harán las correcciones necesarias, atendiendo las observaciones que les hagan llegar, de manera que transportistas y gremialistas se sientan seguros de que la norma no les afectará.
 
Aseguró que no tienen por qué preocuparse debido a que el proyecto no afecta al ciudadano de a pie, al trabajador, al pequeño comerciante o transportista, sino va dirigido a los grandes contrabandistas, narcotraficantes y corruptos que tienen millones de dólares en casas, cuentas bancarias, adquiridos de manera ilegal.

En tanto que para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tan sólo se crearon "algunos fantasmas" en torno al proyecto de ley que desaparecerán con la difusión y explicación de la propuesta que se realizará a cada uno de los sectores.

Con este fin, anunció que hoy se reunirá con algunos sectores en Santa Cruz, para el lunes y martes están programados otros encuentros en La Paz.

Determinación

En Cochabamba, los transportistas advierten con un paro indefinido  y los gremialistas con el cierre de mercados y bloqueos después del martes, ambos sectores acudirán a las reuniones concertadas con la Asamblea Legislativa no para tratar posibles modificaciones a la normativa, sino para exigir su retiro y anulación por tratarse de un proyecto inconstitucional que atenta contra los intereses de todos los sectores, informó ayer el Secretario Ejecutivo de la COD.

El dirigente informó que ayer, luego de un análisis y una explicación jurídica sobre los alcances del proyecto, el directorio de la COD conjuntamente con los dirigentes del transporte federado y gremialistas, ratificaron que esa propuesta de ley “nació muerta” por sus bases inconstitucionales,  por tanto debe ser anulada totalmente.

“Esa ley no va, ésa es la posición que los dirigentes transmitirán a las autoridades del Legislativo y Ejecutivo el próximo lunes y martes, en el encuentro que sostendrán. Si no aceptan esta determinación, se iniciarán medidas de presión, entre ellas la huelga indefinida anunciada ya por el autotransporte a la que se sumarán todos los sectores”,  informó el dirigente.

Villarroel manifestó que las decisiones están ya tomadas de manera que no habrá nuevos ampliados para iniciar las medidas si sus exigencias no son atendidas.

El martes, la COD, transportistas y gremialistas de Cochabamba protagonizaron una masiva movilización que paralizó el centro de la ciudad durante un par de horas, los choferes federados replegaron sus vehículos y en algunos mercados cerraron los puestos de venta en rechazo al proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado.

Para las protestas de esta semana, Villarroel informó que cada sector está coordinando con sus organizaciones matrices para radicalizar las medidas de presión hasta que se retire el proyecto de ley.

El transporte pesado, por su parte, anuncia que el martes asistirá a la cita con el Legislativo, indican que si bien no están en desacuerdo con castigar los delitos, señalan su discrepancia con los tiempos que se establece para demostrar la legalidad o inocencia.
Romero reitera que proyecto  no es inconstitucional
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que el proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes no es inconstitucional y no afecta el patrimonio de la población, sino de los grandes delincuentes que son procesados penalmente

Explicó que la acción de extinción se activa con una acusación formal emitida por un juez a requerimiento fiscal y no a simple denuncia. De esta manera, precisó que la norma tiene la finalidad de perseguir y acabar con el patrimonio de los grandes contrabandistas y narcotraficantes, pero no de la población ni de terceros que hayan intervenido de buena fe.

“Si soy supuesto narcotráfico tendrá que pesar sobre mí una denuncia. El Ministerio Público tendrá que colectar indicios, pruebas preconstituidas, el Fiscal tendrá que requerir a la autoridad que se me impute con base en un análisis de prueba. Deberá acusarme formalmente de haber incurrido en un delito de narcotráfico, sólo así se activa el procedimiento. No hay forma de que sea abusivo. El procedimiento de extinción de dominio está subordinado a la decisión de un juez en materia penal, a requerimiento de un fiscal sobre la imputación de uno de esos cuatro delitos”, dijo Romero en el programa Diálogo en Panamericana.

Según Romero esa acción y extinción de dominio afecta a un bien cuyo derecho propietario no ha sido perfeccionado, “porque es un bien mal habido, no hay la forma de perfeccionarlo, sino recurriendo a figuras ficticias, a lavado de dinero, legitimación de ganancias ilícitas, que la experiencia nos dice que son recursos del narcotráfico y contrabando”, retrucó la autoridad.

La Asamblea Legislativa modificó el plazo para que el acusado demuestre la licitud de sus bienes, que ahora será de 10 y 15 días. Romero añadió que el monto a ser perseguido, establecido en 70.000 bolivianos en el proyecto de ley, también será modificado. El tratamiento del proyecto se retomará el miércoles.