Bolivia. Piden alejar a dos diputadas del gobiernista MAS de la asamblea legislativa.
Cinco autoridades van a juicio por Arcopongo
imageLa Prensa, La Paz
CINCO AUTORIDADES VAN A JUICIO POR ARCOPONGO.
Foto Wilson Aguilar La Prensa
La bancada masista de Diputados pedirá un informe a dos asambleístas oficialistas para que aclaren las denuncias sobre tráfico de influencias en este caso
El abogado de la cooperativa minera aurífera Ullakaya Condorini, Eduardo León, formalizó una demanda penal ante el Ministerio Público en contra de cinco autoridades bajo los cargos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, beneficio en razón del cargo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros.
De acuerdo con las explicaciones del jurista, las personas demandadas utilizaron su investidura y sus cargos para beneficiar a la cooperativa minera aurífera Palma Flor, lo que generó una confrontación con Ullakaya Condorini, en la que perdieron la vida tres personas.
“Se concluyó y se presentó la demanda penal contra las diputadas Gladys Vargas y Julia Figueredo, el asambleísta departamental Juan Marca, el viceministro de Cooperativas, Tiburcio Aguilar Márquez y el director de Cooperativas, Juan Sejas Flores”.
Las mencionadas diputadas solicitaron a Comibol que inspeccionen los trabajos que realizaba la cooperativa Ullakaya Condorini, que compite con Palma Flor, de la que Vargas es socia.
Además, el viceministro Aguilar ordenó conceder excepcionalmnente Personería Jurídica a la cooperativa Palma Flor, orden que Sejas acató en 48 horas.
El asambleñista paceño Marca dio un poder especial para un tercero efectúe gestiones en contra de Ullakaya Condorini.
Ante esta situación, autoridades del Ministerio de Minería y de la Gobernación de La Paz dispusieron la paralización de actividades extractivas en riberas del río Chaqueti, límite natural de las provincias Sud Yungas e Inquisivi.
Violación a normas legales. La demanda interpuesta señala que los demandados violaron la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y la Constitución.
“Las sanciones que establece la norma anticorrupción son una pena privativa de libertad de hasta diez años”.
Explicó que la denuncia contra las autoridades también señala la violación a disposiciones contenidas en la Carta Magna.
Así, el artículo 236 prohíbe a los servidores públicos “actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la administración pública directa, indirectamente o en representación de tercera persona”.
El artículo 239 sostiene que es incompatible con el ejercicio de la función pública adquirir o arrendar bienes públicos a nombre de la servidora pública o del servidor público, o de terceras personas y celebrar contratos administrativos o la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado.
COMISIÓN DE ÉTICA. Explicó que, en forma paralela a la demanda, se denunciará a las diputadas Vargas y Figueredo ante la comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que las asambleístas sean separadas del Órgano Legislativo por contravenir normas internas y la propia Constitución.
Respecto al asambleísta departamental de La Paz, Juan Marca, informó que planteó que sea separado de su curul.
2 leyes y otras normas fundamentan la demanda contra las autoridades procesadas.
La bancada masista de diputados analizará el caso el martes. El diputado oficialista Galo Bonifaz informó que la próxima semana, la bancada del MAS en la Cámara Baja estudiará las denuncias contra las dos diputadas sindicadas de obtener ventaja del cargo que ocupan para beneficio propio y definirá una fecha para que presenten un informe.
“Los colegas tienen que esclarecer si es verdad o no las denuncias y, eso por principio, para que no haya susceptibilidad y el MAS no quede mal y visto como encubridor”.
Estamos en contra de malas prácticas.Bonifaz explicó que su partido y los representantes nacionales no van a permitir actividades que vayan en contra de la normativa.
“El MAS va a luchar contra estas malas prácticas de algunos colegas o militantes. Todos tenemos derecho a trabajar pero la forma de una injerencia directa es un poco complicada y no se puede permitir acciones de esa naturaleza”.
EL REGLAMENTO DE ÉTICA DE DIPUTADOS SEÑALA QUE LOS DIPUTADOS ESTÁN PROHIBIDOS DE “UTILIZAR LA FISCALIZACIÓN EN BENEFICIO PERSONAL, EJERCER INCLUENCIA INHERENTE A SU CONDICIÓN PARA GESTIONAR, PROCURAR O CONSEGUIR SERVICIOS, CONTRATOS O CONCESIONES.
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