COD suma rechazo a la ley de bienes
Por Jenny Cartagena T. - Los Tiempos - 4/11/2012
Gremialistas, transportistas y sectores afiliados a la COD concentrados en la
plaza 14 de Septiembre, rechazan al proyecto de ley de Extinción de Dominio, el martes pasado. - José Rocha Los Tiempos
La Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba determinó ayer
adoptar medidas de presión más radicales a partir de la próxima semana,
si el Gobierno y el Legislativo no anulan y dejan sin efecto la
aprobación del proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor
del Estado. De esta manera, los trabajdores se suman al rechazo junto
a transportistas federados y gremialistas.
“No se
va aceptar sólo ajustar o cambiar el proyecto, sino se va a exigir que
se anule en su totalidad”, informó ayer el secretario ejecutivo de la
COD, Luis Villarroel, a la conclusión de una reunión conjunta de los
tres sectores. Los gremialistas que tienen previsto un ampliado nacional
el martes en Santa
Cruz
anticiparon similar posición, su rechazo a la totalidad del proyecto de
ley y la radicalización de las medidas de presión hasta conseguir la
anulación de la normativa ya aprobada en grande por la Cámara de
Diputados.
Pese a estas posiciones, ayer el
vicepresidente Álvaro García Linera abrió la posibilidad de realizar
cambios al proyecto, dijo que se harán las correcciones necesarias,
atendiendo las observaciones que les hagan llegar, de manera que
transportistas y gremialistas se sientan seguros de que la norma no les
afectará.
Aseguró que no tienen por qué preocuparse debido a que el proyecto no afecta al ciudadano de a
pie,
al trabajador, al pequeño comerciante o transportista, sino va dirigido
a los grandes contrabandistas, narcotraficantes y corruptos que tienen
millones de dólares en casas, cuentas bancarias, adquiridos de manera
ilegal.
En tanto que para el ministro de Gobierno,
Carlos
Romero, tan sólo se crearon "algunos fantasmas" en torno al proyecto de
ley que desaparecerán con la difusión y explicación de la propuesta que
se realizará a cada uno de los sectores.
Con este
fin, anunció que hoy se reunirá con algunos sectores en Santa Cruz, para
el lunes y martes están programados otros encuentros en La Paz.
Determinación
En
Cochabamba, los transportistas advierten con un paro indefinido y los
gremialistas con el cierre de mercados y bloqueos después del martes,
ambos sectores acudirán a las reuniones concertadas con la Asamblea
Legislativa no para tratar posibles modificaciones a la normativa, sino
para exigir su retiro y anulación por tratarse de un proyecto
inconstitucional que atenta
contra los intereses de todos los sectores, informó ayer el Secretario Ejecutivo de la COD.
El
dirigente informó que ayer, luego de un análisis y una explicación
jurídica sobre los alcances del proyecto, el directorio de la COD
conjuntamente con los dirigentes del transporte federado y gremialistas,
ratificaron que esa propuesta de ley “nació muerta” por sus bases
inconstitucionales, por tanto debe ser anulada totalmente.
“Esa
ley no va, ésa es la posición que los dirigentes transmitirán a las
autoridades del Legislativo y Ejecutivo el próximo lunes y martes, en el
encuentro que sostendrán. Si no aceptan esta determinación, se
iniciarán medidas de presión, entre ellas la huelga indefinida anunciada
ya por el autotransporte a la que se sumarán todos los sectores”,
informó el dirigente.
Villarroel manifestó que las
decisiones están ya tomadas de manera que no habrá nuevos ampliados para
iniciar las medidas si sus exigencias no son atendidas.
El
martes, la COD, transportistas y gremialistas de Cochabamba
protagonizaron una masiva movilización que paralizó el centro de la
ciudad durante un par de horas, los choferes federados replegaron sus
vehículos y en algunos mercados cerraron los puestos de venta en rechazo
al proyecto de ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del
Estado.
Para las protestas de esta semana,
Villarroel informó que cada sector está coordinando con sus
organizaciones matrices para radicalizar las medidas de presión hasta
que se retire el proyecto de ley.
El transporte
pesado, por su parte, anuncia que el martes asistirá a la cita con el
Legislativo, indican que si bien no están en desacuerdo con castigar los
delitos, señalan su discrepancia con los tiempos que se establece para
demostrar la legalidad o inocencia.
Romero reitera que proyecto no es inconstitucional
El
ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró ayer que el proyecto de
ley de Extinción de Dominio de Bienes no es inconstitucional y no afecta
el patrimonio de la población, sino de los grandes delincuentes que son
procesados penalmente
Explicó que la acción de
extinción se activa con una acusación formal emitida por un juez a
requerimiento fiscal y no a simple denuncia. De esta manera, precisó que
la norma tiene la finalidad de perseguir y acabar con el patrimonio de
los grandes contrabandistas y narcotraficantes, pero no de la población
ni de terceros que hayan intervenido de buena fe.
“Si
soy supuesto narcotráfico tendrá que pesar sobre mí una denuncia. El
Ministerio Público tendrá que colectar indicios, pruebas
preconstituidas, el Fiscal tendrá que requerir a la autoridad que se me
impute con base en un análisis de prueba. Deberá acusarme formalmente de
haber incurrido en un delito de narcotráfico, sólo así se activa el
procedimiento. No hay forma de que sea abusivo. El procedimiento de
extinción de dominio está subordinado a la decisión de un juez en
materia penal, a requerimiento de un fiscal sobre la imputación de uno
de esos cuatro delitos”, dijo Romero en el programa Diálogo en
Panamericana.
Según Romero esa acción y extinción de
dominio afecta a un bien cuyo derecho propietario no ha sido
perfeccionado, “porque es un bien mal habido, no hay la forma de
perfeccionarlo, sino recurriendo a figuras ficticias, a lavado de
dinero, legitimación de ganancias ilícitas, que la experiencia nos dice
que son recursos del narcotráfico y contrabando”, retrucó la autoridad.
La
Asamblea Legislativa modificó el plazo para que el acusado demuestre la
licitud de sus bienes, que ahora será de 10 y 15 días. Romero añadió
que el monto a ser perseguido, establecido en 70.000 bolivianos en el
proyecto de ley, también será modificado. El tratamiento del proyecto se
retomará el miércoles.
