Gobierno conoce la deuda salarial hace tres meses

   

En la mira. Una Wiphala afuera de Senasag Santa Cruz, un símbolo que enarbolan organizaciones campesinas del país

  “A algunos nos deben cuatro meses, a los consultores TGN (con ítem) les adeudan tres meses. Encima, los jefes nos chantajean con despedirnos si reclamamos”. Así de dura es la denuncia de una de las consultoras de Senasag Santa Cruz, que accedió a hablar bajo la condición de mantener su identidad en reserva.

La protesta de los trabajadores del Senasag Santa Cruz no es nueva. El 15 de mayo de este año, hace más de tres meses, un grupo de empleados de esa oficina distrital firmó una carta dirigida a la ministra de Desa-rrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, como máxima autoridad a cargo del Senasag. 

La carta dice: “Todos los consultores 258 y TGN 121 de esta distrital se encuentran sin salario desde hace cuatro meses (...) Los funcionarios dieron plazo de una semana para que paguen tres  sueldos (febrero, marzo y abril)”. La misiva también fue dirigida a Omar Tejerina, director nacional del Sensag.

Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recabados y según la palabra del viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez, que admite el problema, el Gobierno no ha podido cumplir con las obligaciones económicas y derechos laborales de estos trabajadores.

“No hay plata, nos dicen”, cuenta una de las trabajadoras impagas. De acuerdo con una tabla de ingresos recaudados por año, en las dos últimas gestiones el Senasag Santa Cruz percibió alrededor de Bs 10.000.000 cada año por concepto de recaudaciones. De modo que los trabajadores no entienden porqué les dicen que no hay plata. 

Se buscó la versión de Christian Fernández, titular de Senasag Santa Cruz, sobre las quejas por presuntas intimidaciones y malos tratos, pero fue imposible. Los colaboradores de Fernández lo excusaron, indicando de que este servidor público estaba ocupado en reuniones de trabajo.

Tejerina anunció que el Ministerio de Desarrollo Rural y el Senasag sanearán las deudas con los trabajadores hasta fines de septiembre. “Pagaremos”, prometió.

El viceministro Vásquez admitió sin rodeos que existe mora en el pago de sueldos, pero en contrapartida aseguró que se está construyendo una estrategia para la sostenibilidad del Senasag y que esto incluye un anteproyecto de ley. “El Senasag recibe ingresos del Tesoro General del Estado y genera recursos propios. El problema parece que está con la administración de recursos propios”, opina Vásquez.

“Tenemos derecho a recibir una remuneración oportuna por el servicio que prestamos”, reclama uno de los consultores, el mismo que pone en duda que se esté pagando las aportaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Los trabajadores esperan la intervención de los ministerios de Desarrollo Rural y de Trabajo.

  La institución    

- El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) fue creado mediante Ley 2061 de 16 de marzo de 2000, como estructura operativa del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Tierras, encargado de administrar el régimen de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.

- Mediante Decreto Supremo 25729 de fecha 7 de abril de 2000, fueron reglamentados su organización y funcionamiento.

- Se ha establecido que el Senasag es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, independencia de gestión técnica, legal y administrativa competencia de ámbito nacional y dependiente del ex Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario.

- El Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario ejerce la supervisión sobre el cumplimiento de las normas, objetivos y resultados institucionales.

- La misión institucional del Senasag es administrar el régimen de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria en todo el territorio nacional.

- Como cualquier entidad pública nacional, está sujeta a la fiscalización del Congreso y la Contraloría.

Se tiene que intervenir
Carlos Schlink / Experto en administración
Para el análisis del caso de supuestos cobros irregulares en el laboratorio de Senasag hay que decir que las leyes establecen que los recursos de las entidades estatales descentralizadas son administrados por el Tesoro General.

El Tesoro administra los ingresos propios de estas entidades, los mismos que deben ser cancelados en una cuenta bancaria especial, para que así sean redistribuidos en favor de la institución respectiva, de acuerdo a una programación trimestral.

Ahora, la ley es clara sobre el uso de bienes públicos: “Solo uso oficial”, dice, excluyendo cualquier uso particular como el caso de esta camioneta. 

El órgano rector es el Ministerio de Desarrollo Rural y debe intervenir. La Contraloría General y la Asamblea también.