Análisis. Rózsa-Terrorismo: Se desnuda el montaje y el caso se desploma

Análisis. Rózsa-Terrorismo: Se desnuda el montaje y el caso se desploma 

16/04/2013 publicado por Luz Mendoza

“Todo es un montaje del Gobierno de Evo Morales contra los opositores”.

Cuatro años después, videos y audios con la presunta voz del fiscal Soza dejan mal parado el llamado juicio del siglo. La acusación es inconsistente. Fallo Constitucional anula actuación de jueces. La red de extorsión los enredó. Plantearán la declinatoria del tribunal del caso Rózsa.

El caso Rózsa se desploma y se desnuda el montaje

El Día, Santa Cruz, Bolivia

Ref. Fotografia: Juicio del siglo. Los procesados afirman que todo es un montaje del Gobierno contra los opositores.
Desplomado antes del juicio oral por varios flancos. Así cumple este 16 de abril, cuatro años el proceso por terrorismo y separatismo iniciado por el gobierno de Evo Morales contra 39 personas, en su mayoría de Santa Cruz y opositoras a su régimen de gobierno, tras el atentado al cardenal Julio Terrazas y el asalto al hotel Las Américas donde murió el supuesto jefe subversivo, Eduardo Rózsa y dos de sus acompañantes.

Llega después de haberse ventilado en La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz, por eso se lo llamó itinerante y con una nueva suspensión hasta el 22 de abril  con un final incierto porque el Tribunal Constitucional en un último fallo ha observado la actuación de los dos jueces técnicos, que además tienen un juicio penal por violación a derechos humanos, Sixto Fernández y Elena Gemio, y anulado la actuación de los dos jueces ciudadanos Anastasia Calizaya y Sonia Mamani porque juraron después de un fallo que declaró la rebeldía del general Gary Prado Salmón, a pesar de su discapacidad y que fue el objeto de la demanda planteada y aceptada.

Y también deja abierta la posibilidad que el caso pueda desdoblarse si Prado demuestra que no puede trasladarse a otro lugar, según dice su hijo Gary Prado, su defensor  en el juicio.

La red de extorsión los enredó. A esa estocada constitucional que ha tenido el caso, se suman otras en cadena que han terminado debilitando a quienes sostenían la acusación de terrorismo y separatismo.

Ha sido por ejemplo la detención en Tarija, en la misma audiencia, de uno de los denunciantes, el abogado del ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, involucrado en una presunta red de extorsión en la que cayó también su compañero Boris Villegas. Ahora ambos están detenidos en la cárcel de Palmasola acusados de pretender extorsionar con 50 mil dólares al judío norteamericano Jacob Ostreicher para concederle la libertad en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas y en la que han despilfarrado sus bienes incautados. Fue a fines del 2012.

Fiscales que desaparecen, renuncias y maleficio.  En octubre del año pasado se conoció también la desaparición de uno de los fiscales que llevaba el llamado "Terrorismo II", Harry Suaznábar y poco después el caso ocupó las primeras páginas de los diarios tras conocerse que el director funcional de las investigaciones, el fiscal Marcelo Soza, había renunciado y no se sabía de su paradero, el 19 de marzo pasado.

Después de 10 días y cuando existían una serie de conjeturas sobre el lugar donde estaba y hasta el riesgo que apareciera muerto, Soza dio la cara, presentó un informe del caso y el fiscal general Ramiro Guerrero le concedió 60 días de vacaciones.

Al alejamiento de Soza del caso se le sumó también la renuncia de la abogada Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno y como si se tratara de un maleficio, Jorge Clavijo, uno de los agentes policiales de la unidad de élite Utarc, que estuvo en el asalto del hotel Las Américas, apareció muerto en La Paz, tras ser acusado del asesinato de su esposa, la periodista de PAT, Hanalí Huaycho.


Fotos comprometedoras. A esas bajas del juicio, se acoplan unas fotos reveladoras que presentó la senadora Carmen Eva Gonzales en las que aparece el fiscal Marcelo Soza con Denis Rodas, involucrado en la presunta red de extorsión y uno de los fiscales que quedan aún sustentando el caso, Sergio Céspedes, en la celebración del cumpleaños del fiscal Marcelo Soza. También presentó otras en las que aparece Eusebio Gironda, asesor del presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno con Cory Balcázar, esposa del fiscal Roberto Achá, detenido por el caso de supuesta extorsión.


Audios atribuidos a Soza y montaje. Pero los que dieron un giro de 360 grados al caso fueron los audios presentados por la legisladora Gonzales atribuidos al fiscal Marcelo Soza y ratificados como auténticos por dos expertos en grabación en Brasil y España, en los que este revela que el caso terrorismo fue montado por el Ejecutivo para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz y en el que también dice que en el hotel Las Américas hubo una ejecución extrajudicial en contra de Rózsa y sus compañeros.
Evo no habla. Y lo último ha sido que el mismo presidente Evo Morales que denunciara ante el presidente venezolano Hugo Chávez al supuesto movimiento terrorista y separatista que lo quería matar evitó referirse al juicio y señaló que "ese es un asunto del Ministerio Público’.

Cambios


Quedan 38 imputados en el proceso


Afuera del caso.  Un informe forense declaró con Alzheimer al general Lucio Áñez  Ribera y por eso fue declarado interdicto y sacado del proceso. Esa es una enfermedad que se manifiesta con la pérdida de memoria, por eso quedan 38 imputados.

Los detenidos. En San Pedro de La Paz:  Mario Tadic,  Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio Santistevan, Hugo Paz y Juan Kudelka. Ignacio Villa Vargas está en la cárcel El Abra de Cochabamba y Zoilo Salces en Mocoví del Beni. En Montevideo, Uruguay, guarda detención Alberto Melgar.

El juicio. Se ventila contra 21 procesados en total, los 10 detenidos y Mario Antonio Herrera, Ronald Castedo. Gary Prado Salmón, Marco Monasterio, Juan Carlos Velarde,  Roberto Justiniano Áñez, Hugo Melquiades Vásquez, Juan Carlos Santistevan López, Carlos Eduardo Pereira Flores, Juan Adalberto Tórrez, Alberto Melgar Villarroel que tienen arresto domiciliario o libertad provisional mientras se sustancia el proceso.

Salud. Varios de los implicados en el proceso han tenido problemas de salud, incluyendo al testigo clave, Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo".
Por eso, varios de ellos no han podido trasladarse a La Paz u otra ciudad en altura, pues padecen de problemas cardiacos.

Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó que al general Gary Prado Salmón, que sufre un impedimento físico desde hace varios años, no se le obligue a trasladarse para someterse al juicio.

Punto de vista

"Se extraña un debido proceso en este caso’

En la revisión técnica del caso Rózsa hemos visto algunas fallas al debido proceso que se traduce en las siguientes observaciones:

1.- El derecho al juez natural, previsto en los artículos 120 – I, 180-III y 181 de la Constitución y artículos 44, 46 y 49 del Código de Procedimiento Penal  (CPP), en el entendido que la norma establece que el juez competente será el del lugar de la supuesta comisión del delito, donde se descubran las pruebas materiales del hecho, o el juez de la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido. Es decir, existe la prohibición constitucional a la existencia de tribunales de excepción o ad hoc. En otras palabras, no se debería juzgar con jueces distintos del lugar del hecho, salvo que sea resultado de varias recusaciones y se tenga de acudir a otro Tribunal Judicial Departamental; situación que según se tiene entendido no ocurrió.

2.- Derecho a un proceso si dilaciones indebidas, previsto en el art. 115 de la Constitución y los arts. 134 y 133 del CPP, sumado a la jurisprudencia constitucional además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son vinculantes para Bolivia, de acuerdo con los arts. 410 y 256 de la Constitución.

3.- Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y debiendo estos ser obtenidos cumpliendo las formalidades legales, previsto en el art. 119-I de la Constitución y arts. 167 y 169 del CPP.

4.- La presunción de inocencia previsto en el artículo 116 de la Constitución y arts. 296 CPP.

5.- La eficacia de tener una garantía de que nazca de la Constitución, previsto en el art. 109 de la CPE, que se ejerce por el solo hecho de estar en la Constitución y no necesita una ley de desarrollo; es decir, deberían ser eficazmente protegidos por las autoridades mediante los medios de defensa constitucionales, como ser la Acción de Libertad, Amparo Constitucional.

Ciro Áñez Núñez

Abogado experto en Proceso Penal

Está  plagado de irregularidades…

Denuncia. La querella criminal por terrorismo y alzamiento armado tiene la fecha de 30 de marzo del 2009 sin embargo esta fue presentada el 14 de abril, un día antes del atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas en el barrio La Santa Cruz.

Atentado al Cardenal. En ese caso no hay víctimas pues el cardenal Julio Terrazas desistió el inicio de cualquier acción penal por el explosivo que colocaron en su puerta. El Ministerio de Gobierno ha dicho que por el separatismo son víctimas.

Asalto al Hotel. Los agentes de una unidad de élite de la Policía (Utarc) ingresaron sin autorización fiscal y sintomáticamente el hotel denunció que les cortaron las cintas de video de esa noche. También ingresaron a la Feria Exposición sin fiscal.

¿Fuego cruzado?. La versión oficial señaló que hubo fuego cruzado y por eso dieron muerte al presunto cabecilla del grupo subversivo, Eduardo Rózsa, y dos acompañantes. Pero otros informes periciales dijeron que les dispararon a matar.

Infiltrados. En la supuesta célula terrorista estaban infiltrados el jefe de la Utarc, capitán Wálter Andrade; el funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, según fotografías y videos que ha corroborado el "testigo clave", Ignacio Villa.

Sembrado de pruebas. El abogado defensor, Otto Ritter, se preguntó ayer por qué el fiscal Marcelo Soza permitió que la policía Marilín Vargas colocara armas a Rózsa  y por qué no averiguó quién era el "camarada" Linera.

Videos y audios. Un video-soborno en el que aparece Ignacio Villa recibiendo $us 31.500 como pago del Gobierno para que implicara a líderes cruceños y también otros tres audios han sido presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales.

Juez natural.   El caso se sustanció en La Paz, siendo que los presuntos hechos ocurrieron en Santa Cruz. Por esa razón el juez Luis Tapia fue perseguido y tuvo que buscar refugio en el Brasil, donde se encuentra ahora.

Plantearán la declinatoria del tribunal del caso Rózsa

Defensor del pueblo convoca a jueces a esclarecer el proceso.

Conflicto. El Gobierno y el fiscal general Ramiro Guerrero afirman que el fallo constitucional es extemporáneo y no habla de anular el caso ni cambiar de juzgado.
 
EL DÍA
Ref. Fotografia: Ilustración de David Diez Canseco.
A cuatro años del asalto al hotel Las Américas, un reciente fallo judicial del Tribunal

Constitucional ha removido los cimientos del proceso y dejado en el limbo si el caso continúa ventilándose con un tribunal paceño o si definitivamente radica en Santa Cruz.

El abogado Gary Prado estuvo desde ayer en la mañana en La Paz para ver si la resolución constitucional llegaba a la Corte Superior donde ellos plantearon la acción de libertad debido a que el juzgado, a la cabeza de Sixto Fernández, declararon la rebeldía del imputado Gary Prado Salmón y ordenado la aprehensión a pesar de haber demostrado que físicamente era imposible que éste viajara a Tarija a presentarse al juicio debido a su incapacidad física que ponía en peligro su vida.

Prado dijo que una vez tenga oficialmente el fallo, pedirá que en el término de 72 horas hacer examinar a su padre con un forense para que certifique que evidentemente tiene una discapacidad del 75% de su cuerpo. Gary Prado Salmón es el militar que en 1967 capturó al "Che" Guevara en Vallegrande.

Demandan lo mismo. El abogado Guido Colque, defensor de Ignacio Villa, anunció ayer que está planteando el mismo recurso que Prado a fin que su cliente sea procesado por un juez natural del lugar donde ocurrieron los hechos, es decir Santa Cruz, porque es donde viven, donde están sus familiares y donde puede llevar las pruebas para desvirtuar el delito del que lo acusan.

El abogado José Hoffman, defensor de Ronald Castedo, también planteó la declinatoria de competencia del juzgado paceño y pidió que el caso sea tramitado en Santa Cruz. Castedo tiene complicaciones cardiacas y no puede ser trasladado a ciudades de mucha altura.

Gobierno  y fiscal. La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, coincidieron que el fallo es extemporáneo pues el caso se ventila en Santa Cruz en atención a que se debe cuidar la vida de los imputados.

Por esa razón, señalaron que no ven por qué el caso tenga que paralizarse y abrirse una nueva causa en un juzgado cruceño, pues el fallo no habla de la declinatoria de competencia.
Sobre el tema, el juez paceño Sixto Fernández señaló que mientras no sea notificado no se pronunciará y mientras tanto sigue en pie la prosecución de la audiencia prevista para el lunes 22 de abril.

El defensor del pueblo, Rolando Villena, convocó a jueces y fiscales a esclarecer los hechos ocurridos en torno al caso Rózsa y no entorpecer con sus actuaciones.

Normas


Puede derivar en un conflicto de competencia

Cuando dos juzgados se atribuyen la competencia de un caso entonces ocurre el conflicto que puede ser dirimido por el Tribunal Supremo de Justicia.

Preferencia.  El art. 49 del Código de Procedimiento Penal dice que la tiene  el juez del lugar de la comisión del delito o donde se manifieste la conducta o el resultado o de  la residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido o donde estuvieran las pruebas.

Punto de vista

Silvia Salame


Exjuez del Tribunal Constitucional


"El caso tiene que volver al juez natural del lugar "


‘El fallo del Tribunal Constitucional me  parece totalmente aecuado, si lo interpretamos lo que está haciendo es disponer es el juez natural, donde presuntamente ocurrieron los hechos motivo del juzgamiento, es decir Santa Cruz, el que debe juzgar a las personas. Les ha dicho que el caso no debe ser llevado de manera itinerante como ha ocurido porque así se han vulnerado derechos fundamentales de las personas, entre ellos el derecho a la vida planteado por el general Gary Prado. Aunque no lo diga explícitamente pero por los efectos el tribunal y los jueces ciudadanos de La Paz que llevan adelante el caso han quedado sin competencia y el Gobierno y el Fiscal General pueden tener su posición, pero la interpretación debe realizarse de acuerdo a la doctrina y las mismas normas nacionales e internacionales.