Análisis. Rózsa-Terrorismo: Se desnuda el montaje y el caso se desploma
16/04/2013 publicado por Luz Mendoza
“Todo es un montaje del Gobierno de Evo Morales contra los opositores”.
Cuatro años después, videos y audios con la presunta voz del fiscal
Soza dejan mal parado el llamado juicio del siglo. La acusación es
inconsistente. Fallo Constitucional anula actuación de jueces. La red de
extorsión los enredó.
Plantearán la declinatoria del tribunal del caso Rózsa.
El caso Rózsa se desploma y se desnuda el montaje
El Día, Santa Cruz,
Bolivia
Ref. Fotografia: Juicio del siglo. Los procesados afirman que todo es un montaje del Gobierno contra los opositores.
Desplomado antes del juicio oral por varios flancos. Así cumple este
16 de abril, cuatro años el proceso por terrorismo y separatismo
iniciado por el gobierno de Evo Morales contra 39 personas, en su
mayoría de Santa Cruz y opositoras a su régimen de gobierno, tras el
atentado al cardenal Julio Terrazas y el asalto al hotel Las Américas
donde murió el supuesto jefe subversivo, Eduardo Rózsa y dos de sus
acompañantes.
Llega después de haberse ventilado en La Paz, Cochabamba, Tarija y
Santa Cruz, por eso se lo llamó itinerante y con una nueva suspensión
hasta el 22 de abril con un final incierto porque el Tribunal
Constitucional en un último fallo ha observado la actuación de los dos
jueces técnicos, que además tienen un juicio penal por violación a
derechos humanos, Sixto Fernández y Elena Gemio, y anulado la actuación
de los dos jueces ciudadanos Anastasia Calizaya y Sonia Mamani porque
juraron después de un fallo que declaró la rebeldía del general Gary
Prado Salmón, a pesar de su discapacidad y que fue el objeto de la
demanda planteada y aceptada.
Y también deja abierta la posibilidad que el caso pueda desdoblarse
si Prado demuestra que no puede trasladarse a otro lugar, según dice su
hijo Gary Prado, su defensor en el juicio.
La red de extorsión los enredó. A esa estocada
constitucional que ha tenido el caso, se suman otras en cadena que han
terminado debilitando a quienes sostenían la acusación de terrorismo y
separatismo.
Ha sido por ejemplo la detención en Tarija, en la misma audiencia, de
uno de los denunciantes, el abogado del ministerio de Gobierno,
Fernando Rivera, involucrado en una presunta red de extorsión en la que
cayó también su compañero Boris Villegas. Ahora ambos están detenidos en
la cárcel de Palmasola acusados de pretender extorsionar con 50 mil
dólares al judío norteamericano Jacob Ostreicher para concederle la
libertad en un proceso por legitimación de ganancias ilícitas y en la
que han despilfarrado sus bienes incautados. Fue a fines del 2012.
Fiscales que desaparecen, renuncias y maleficio. En octubre del año
pasado se conoció también la desaparición de uno de los fiscales que
llevaba el llamado "Terrorismo II", Harry Suaznábar y poco después el
caso ocupó las primeras páginas de los diarios tras conocerse que el
director funcional de las investigaciones, el fiscal Marcelo Soza, había
renunciado y no se sabía de su paradero, el 19 de marzo pasado.
Después de 10 días y cuando existían una serie de conjeturas sobre el
lugar donde estaba y hasta el riesgo que apareciera muerto, Soza dio la
cara, presentó un informe del caso y el fiscal general Ramiro Guerrero
le concedió 60 días de vacaciones.
Al alejamiento de Soza del caso se le sumó también la renuncia de la
abogada Paola Barriga, representante del Ministerio de Gobierno y como
si se tratara de un maleficio, Jorge Clavijo, uno de los agentes
policiales de la unidad de élite Utarc, que estuvo en el asalto del
hotel Las Américas, apareció muerto en La Paz, tras ser acusado del
asesinato de su esposa, la periodista de PAT, Hanalí Huaycho.
Fotos comprometedoras. A esas
bajas del juicio, se acoplan unas fotos reveladoras que presentó la
senadora Carmen Eva Gonzales en las que aparece el fiscal Marcelo Soza
con Denis Rodas, involucrado en la presunta red de extorsión y uno de
los fiscales que quedan aún sustentando el caso, Sergio Céspedes, en la
celebración del cumpleaños del fiscal Marcelo Soza. También presentó
otras en las que aparece Eusebio Gironda, asesor del presidente Evo
Morales en el Palacio de Gobierno con Cory Balcázar, esposa del fiscal
Roberto Achá, detenido por el caso de supuesta extorsión.
Audios atribuidos a Soza y montaje. Pero los que
dieron un giro de 360 grados al caso fueron los audios presentados por
la legisladora Gonzales atribuidos al fiscal Marcelo Soza y ratificados
como auténticos por dos expertos en grabación en Brasil y España, en los
que este revela que el caso terrorismo fue montado por el Ejecutivo
para neutralizar a sus opositores en Santa Cruz y en el que también dice
que en el hotel Las Américas hubo una ejecución extrajudicial en contra
de Rózsa y sus compañeros.
Evo no habla. Y lo último ha sido que el mismo
presidente Evo Morales que denunciara ante el presidente venezolano Hugo
Chávez al supuesto movimiento terrorista y separatista que lo quería
matar evitó referirse al juicio y señaló que "ese es un asunto del
Ministerio Público’.
Cambios
Quedan 38 imputados en el proceso
Afuera del caso. Un informe forense declaró con
Alzheimer al general Lucio Áñez Ribera y por eso fue declarado
interdicto y sacado del proceso. Esa es una enfermedad que se manifiesta
con la pérdida de memoria, por eso quedan 38 imputados.
Los detenidos. En San Pedro de La Paz: Mario
Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Juan Carlos Guedes, Gelafio
Santistevan, Hugo Paz y Juan Kudelka. Ignacio Villa Vargas está en la
cárcel El Abra de Cochabamba y Zoilo Salces en Mocoví del Beni. En
Montevideo, Uruguay, guarda detención Alberto Melgar.
El juicio. Se ventila contra 21 procesados en total,
los 10 detenidos y Mario Antonio Herrera, Ronald Castedo. Gary Prado
Salmón, Marco Monasterio, Juan Carlos Velarde, Roberto Justiniano Áñez,
Hugo Melquiades Vásquez, Juan Carlos Santistevan López, Carlos Eduardo
Pereira Flores, Juan Adalberto Tórrez, Alberto Melgar Villarroel que
tienen arresto domiciliario o libertad provisional mientras se sustancia
el proceso.
Salud. Varios de los implicados en el proceso han
tenido problemas de salud, incluyendo al testigo clave, Ignacio Villa
Vargas, alias "El Viejo".
Por eso, varios de ellos no han podido trasladarse a La Paz u otra ciudad en altura, pues padecen de problemas cardiacos.
Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó que al general Gary Prado
Salmón, que sufre un impedimento físico desde hace varios años, no se
le obligue a trasladarse para someterse al juicio.
Punto de vista
"Se extraña un debido proceso en este caso’
En la revisión técnica del caso Rózsa hemos visto algunas fallas al
debido proceso que se traduce en las siguientes observaciones:
1.- El derecho al juez natural, previsto en los artículos 120 – I,
180-III y 181 de la Constitución y artículos 44, 46 y 49 del Código de
Procedimiento Penal (CPP), en el entendido que la norma establece que
el juez competente será el del lugar de la supuesta comisión del delito,
donde se descubran las pruebas materiales del hecho, o el juez de la
residencia del imputado o del lugar en que éste sea habido. Es decir,
existe la prohibición constitucional a la existencia de tribunales de
excepción o ad hoc. En otras palabras, no se debería juzgar con jueces
distintos del lugar del hecho, salvo que sea resultado de varias
recusaciones y se tenga de acudir a otro Tribunal Judicial
Departamental; situación que según se tiene entendido no ocurrió.
2.- Derecho a un proceso si dilaciones indebidas, previsto en el art.
115 de la Constitución y los arts. 134 y 133 del CPP, sumado a la
jurisprudencia constitucional además de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales son vinculantes
para Bolivia, de acuerdo con los arts. 410 y 256 de la Constitución.
3.- Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y debiendo
estos ser obtenidos cumpliendo las formalidades legales, previsto en el
art. 119-I de la Constitución y arts. 167 y 169 del CPP.
4.- La presunción de inocencia previsto en el artículo 116 de la Constitución y arts. 296 CPP.
5.- La eficacia de tener una garantía de que nazca de la
Constitución, previsto en el art. 109 de la CPE, que se ejerce por el
solo hecho de estar en la Constitución y no necesita una ley de
desarrollo; es decir, deberían ser eficazmente protegidos por las
autoridades mediante los medios de defensa constitucionales, como ser la
Acción de Libertad, Amparo Constitucional.
Ciro Áñez Núñez
Abogado experto en Proceso Penal
Está plagado de irregularidades…
Denuncia. La querella criminal por terrorismo y
alzamiento armado tiene la fecha de 30 de marzo del 2009 sin embargo
esta fue presentada el 14 de abril, un día antes del atentado en la casa
del cardenal Julio Terrazas en el barrio La Santa Cruz.
Atentado al Cardenal. En ese caso no hay víctimas
pues el cardenal Julio Terrazas desistió el inicio de cualquier acción
penal por el explosivo que colocaron en su puerta. El Ministerio de
Gobierno ha dicho que por el separatismo son víctimas.
Asalto al Hotel. Los agentes de una unidad de élite
de la Policía (Utarc) ingresaron sin autorización fiscal y
sintomáticamente el hotel denunció que les cortaron las cintas de video
de esa noche. También ingresaron a la Feria Exposición sin fiscal.
¿Fuego cruzado?. La versión oficial señaló que hubo
fuego cruzado y por eso dieron muerte al presunto cabecilla del grupo
subversivo, Eduardo Rózsa, y dos acompañantes. Pero otros informes
periciales dijeron que les dispararon a matar.
Infiltrados. En la supuesta célula terrorista
estaban infiltrados el jefe de la Utarc, capitán Wálter Andrade; el
funcionario del Ministerio de Gobierno, Luis Clavijo, según fotografías y
videos que ha corroborado el "testigo clave", Ignacio Villa.
Sembrado de pruebas. El abogado defensor, Otto
Ritter, se preguntó ayer por qué el fiscal Marcelo Soza permitió que la
policía Marilín Vargas colocara armas a Rózsa y por qué no averiguó
quién era el "camarada" Linera.
Videos y audios. Un video-soborno en el que aparece
Ignacio Villa recibiendo $us 31.500 como pago del Gobierno para que
implicara a líderes cruceños y también otros tres audios han sido
presentados por la senadora Carmen Eva Gonzales.
Juez natural. El caso se sustanció en La Paz,
siendo que los presuntos hechos ocurrieron en Santa Cruz. Por esa razón
el juez Luis Tapia fue perseguido y tuvo que buscar refugio en el
Brasil, donde se encuentra ahora.
Plantearán la declinatoria del tribunal del caso Rózsa
Defensor del pueblo convoca a jueces a esclarecer el proceso.
Conflicto. El Gobierno y el fiscal general Ramiro Guerrero
afirman que el fallo constitucional es extemporáneo y no habla de anular
el caso ni cambiar de juzgado.
EL DÍA
Ref. Fotografia: Ilustración de David Diez Canseco.
A cuatro años del asalto al hotel Las Américas, un reciente fallo
judicial del Tribunal
Constitucional ha removido los cimientos del
proceso y dejado en el limbo si el caso continúa ventilándose con un
tribunal paceño o si definitivamente radica en Santa Cruz.
El abogado Gary Prado estuvo desde ayer en la mañana en La Paz para
ver si la resolución constitucional llegaba a la Corte Superior donde
ellos plantearon la acción de libertad debido a que el juzgado, a la
cabeza de Sixto Fernández, declararon la rebeldía del imputado Gary
Prado Salmón y ordenado la aprehensión a pesar de haber demostrado que
físicamente era imposible que éste viajara a Tarija a presentarse al
juicio debido a su incapacidad física que ponía en peligro su vida.
Prado dijo que una vez tenga oficialmente el fallo, pedirá que en el
término de 72 horas hacer examinar a su padre con un forense para que
certifique que evidentemente tiene una discapacidad del 75% de su
cuerpo. Gary Prado Salmón es el militar que en 1967 capturó al "Che"
Guevara en Vallegrande.
Demandan lo mismo. El abogado Guido Colque, defensor
de Ignacio Villa, anunció ayer que está planteando el mismo recurso que
Prado a fin que su cliente sea procesado por un juez natural del lugar
donde ocurrieron los hechos, es decir Santa Cruz, porque es donde viven,
donde están sus familiares y donde puede llevar las pruebas para
desvirtuar el delito del que lo acusan.
El abogado José Hoffman, defensor de Ronald Castedo, también planteó
la declinatoria de competencia del juzgado paceño y pidió que el caso
sea tramitado en Santa Cruz. Castedo tiene complicaciones cardiacas y no
puede ser trasladado a ciudades de mucha altura.
Gobierno y fiscal. La ministra de Justicia, Cecilia
Ayllón, y el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, coincidieron
que el fallo es extemporáneo pues el caso se ventila en Santa Cruz en
atención a que se debe cuidar la vida de los imputados.
Por esa razón, señalaron que no ven por qué el caso tenga que
paralizarse y abrirse una nueva causa en un juzgado cruceño, pues el
fallo no habla de la declinatoria de competencia.
Sobre el tema, el juez paceño Sixto Fernández señaló que mientras no
sea notificado no se pronunciará y mientras tanto sigue en pie la
prosecución de la audiencia prevista para el lunes 22 de abril.
El defensor del pueblo, Rolando Villena, convocó a jueces y fiscales a
esclarecer los hechos ocurridos en torno al caso Rózsa y no entorpecer
con sus actuaciones.
Normas
Puede derivar en un conflicto de competencia
Cuando dos juzgados se atribuyen la competencia de un caso entonces ocurre el conflicto que puede ser dirimido por el Tribunal Supremo de Justicia.
Preferencia. El art. 49 del Código de Procedimiento
Penal dice que la tiene el juez del lugar de la comisión del delito o
donde se manifieste la conducta o el resultado o de la residencia del
imputado o del lugar en que éste sea habido o donde estuvieran las
pruebas.
Punto de vista
Silvia Salame
Exjuez del Tribunal Constitucional
"El caso tiene que volver al juez natural del lugar "
‘El fallo del Tribunal Constitucional me parece totalmente
aecuado, si lo interpretamos lo que está haciendo es disponer es el juez
natural, donde presuntamente ocurrieron los hechos motivo del
juzgamiento, es decir Santa Cruz, el que debe juzgar a las personas. Les
ha dicho que el caso no debe ser llevado de manera itinerante como ha
ocurido porque así se han vulnerado derechos fundamentales de las
personas, entre ellos el derecho a la vida planteado por el general Gary
Prado. Aunque no lo diga explícitamente pero por los efectos el
tribunal y los jueces ciudadanos de La Paz que llevan adelante el caso
han quedado sin competencia y el Gobierno y el Fiscal General pueden
tener su posición, pero la interpretación debe realizarse de acuerdo a
la doctrina y las mismas normas nacionales e internacionales.
Los primeros días de mayo se prevé el inicio de la zafra. Los cañeros tienen deudas con el Estado. Foto: Hernán Virgo
